La transición española, un periodo fundamental en la historia reciente del país, aborda en su tercera fase la profunda transformación del poder judicial. Lejos de la resistencia o la simple herencia de estructuras previas, este capítulo se centra en la activa construcción de un nuevo marco legal y judicial.
Entre los años 1978 y 1989, España se embarcó en la tarea de establecer, pieza a pieza, una arquitectura judicial que rompía con el pasado. Este esfuerzo fue necesario tras una etapa en la que la judicatura se había visto influenciada por una ideología particular y caracterizada por la presencia de jurisdicciones especiales.
La edificación de este nuevo sistema judicial democrático implicó la creación y consolidación de instituciones fundamentales para la administración de justicia en un estado de derecho. Entre los pilares de esta renovada estructura se encuentran organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional, cuya configuración fue esencial para garantizar la independencia judicial y la supremacía constitucional.
Así, este periodo marcó el nacimiento de una justicia adaptada a los principios democráticos, reemplazando un modelo anterior por una estructura moderna y garante de derechos.