El Consejo de Ministros ha procedido a la aprobación de un Real Decreto-ley que establece medidas de carácter fiscal y financiero, consideradas de aplicación urgente. Estas disposiciones están específicamente orientadas a ofrecer un marco de apoyo a las Comunidades Autónomas.
Una de las innovaciones centrales de este instrumento normativo es la facultad concedida a las Comunidades Autónomas para disponer de sus superávits acumulados. La finalidad de esta medida es que dichos recursos puedan ser dirigidos hacia la financiación de inversiones en políticas públicas consideradas esenciales. Entre los ejemplos citados para la aplicación de estos fondos se encuentra el sector de la vivienda.