El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado la resolución emitida por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que establece una condena por un delito de estafa en el contexto de un arrendamiento fraudulento.
La sentencia ratificada impone a un individuo una pena de tres años y medio de prisión. Adicionalmente, el condenado deberá resarcir a las cinco víctimas afectadas por las cantidades defraudadas, cuyo montante global asciende a 3.600 euros. La condena también incluye el abono de una multa pecuniaria de 1.626 euros.
Los hechos probados se refieren a una operación engañosa de falso alquiler de un inmueble ubicado en la ciudad de Zaragoza, la cual provocó un perjuicio económico a las personas implicadas.