Recientemente, doce personas de nacionalidad marroquí fueron detenidas en Ceuta, sospechosas de haber participado en una agresión contra cuatro miembros de las Fuerzas Armadas. Los militares se encontraban desempeñando labores de vigilancia en la zona de Benzú cuando se produjo el ataque. Este suceso subraya la naturaleza desafiante de las operaciones de seguridad en la región.
A raíz de este incidente, diversas asociaciones militares han manifestado públicamente su preocupación por la seguridad y la «desprotección jurídica» que, a su juicio, enfrenta el personal castrense. Han dirigido sus demandas al Ministerio de Defensa, solicitando la revisión y el establecimiento de protocolos de actuación más definidos, así como la asignación de recursos materiales y humanos adicionales para asegurar la protección efectiva de los militares en el desempeño de sus funciones.
La reclamación de estas asociaciones se centra en la necesidad de un marco legal y operativo que brinde mayor amparo a los militares ante situaciones de riesgo, buscando evitar la vulnerabilidad jurídica que perciben en el ejercicio de su deber.