La máxima instancia judicial española, el Tribunal Supremo, ha establecido un criterio jurisprudencial relevante respecto a las implicaciones del cambio de sexo registral en el ámbito de las condenas por violencia machista.
Según la doctrina fijada, el cambio de sexo de una persona no posee efectos retroactivos que puedan ser invocados para anular una condena previamente impuesta por delitos de violencia machista. Esta determinación es aplicable específicamente en aquellos escenarios donde los actos delictivos que resultaron en la condena tuvieron lugar en un momento en que el autor de los mismos era legalmente reconocido como hombre.
La resolución subraya la importancia de la temporalidad de los hechos en relación con la identidad de género del autor en el momento de la comisión del delito, manteniendo la firmeza de las condenas dictadas bajo esas circunstancias.