España ha oficializado la aplicación del denominado "derecho a reparar" dispositivos, una medida impulsada por la Unión Europea. La Directiva (UE) 2024/1799, que establece este derecho, es de obligado cumplimiento en el territorio nacional desde el viernes 31 de julio de 2026.
Esta fecha marca el fin del plazo concedido a los Estados miembros para integrar la normativa europea en sus respectivas legislaciones internas, asegurando así la uniformidad en la aplicación de esta disposición que busca fomentar la sostenibilidad y prolongar la vida útil de los productos.