La reciente regulación, impulsada por el Gobierno, introduce a nivel estatal la figura del facilitador procesal. Esta iniciativa ha sido acogida con celebración por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), destacando su relevancia para el sistema judicial.
El artículo 11 del nuevo Reglamento establece que la accesibilidad cognitiva es fundamental para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la justicia. Este precepto busca garantizar que dicho derecho, junto con un proceso judicial con todas las garantías, se desarrolle en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.
La medida subraya un avance en la consecución de una justicia más inclusiva y accesible, facilitando la participación y comprensión de los procedimientos judiciales a quienes lo necesiten a través de la figura del facilitador procesal.