El Tribunal Supremo ha validado la financiación pública otorgada a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., por un monto de 1.388 millones de euros. Esta resolución del máximo órgano judicial se refiere a los recursos económicos percibidos por Correos durante la década comprendida entre los años 2011 y 2020.
La decisión judicial se produce en un periodo en el que el Gobierno ha aprobado un nuevo plan estratégico para Correos, proyectado hasta el año 2030. Este plan contempla una duplicación en la asignación de recursos destinados a la empresa pública. La ampliación de la dotación económica se justifica por la encomienda de nuevas responsabilidades en la prestación de servicios de carácter público. Dichos servicios incluyen una variedad de trámites de índole administrativa y financiera, con un enfoque particular en el ámbito rural.