Se ha extendido la vigencia de un acuerdo que busca ofrecer facilidades a los ciudadanos afectados por un incendio, especialmente en lo que respecta a su interacción con las sedes judiciales. Este acuerdo prorrogado establece un marco para la gestión de la actividad judicial ordinaria.
En este contexto, se faculta a la Presidencia de la Audiencia Provincial y a las presidencias de los diversos Tribunales de Instancia para evaluar la situación. En caso de considerarlo necesario, podrán elevar a la Sala de Gobierno la propuesta de suspender la actividad judicial habitual.
Dicha suspensión podría incluir las vistas programadas y/o los plazos procesales, buscando adaptar la administración de justicia a las circunstancias de los afectados.