La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que ostenta la representación mayoritaria en la carrera judicial, junto con el Foro Judicial, ha expresado una postura unificada sobre el tratamiento de las peticiones de asilo. Ambas entidades coinciden en señalar que el hecho de que una persona haya accedido de forma irregular al territorio español no puede ser el único criterio para rechazar automáticamente su solicitud de protección internacional ni para fundamentar lo que se conoce como «denegaciones en masa».
La posición de estas asociaciones judiciales recalca la relevancia fundamental de examinar cada solicitud de asilo de manera individualizada. Este enfoque es crucial para evaluar las circunstancias particulares y los motivos específicos que invoca cada solicitante, asegurando que no se apliquen decisiones generalizadas que puedan vulnerar el derecho a la protección.
Con esta interpretación, se busca garantizar la observancia de los principios que rigen el derecho de asilo, asegurando que el proceso de evaluación se centre en la singularidad de cada expediente, más allá de las condiciones de entrada al país.