El Pleno del Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 172/2020, de 19 de noviembre, una resolución de gran relevancia en el ámbito del derecho de extranjería y la seguridad ciudadana. Esta sentencia abordó un recurso de inconstitucionalidad presentado contra la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.
La mencionada disposición de la Ley Orgánica 4/2015 fue la encargada de introducir la disposición adicional décima en la Ley Orgánica 4/2000, conocida como Ley de Extranjería. El objetivo de esta normativa era establecer el marco legal para el procedimiento de rechazo en frontera de inmigrantes.
La resolución del Alto Tribunal ha suscitado debate en la esfera jurídica sobre el alcance de la protección judicial en estos contextos. En este sentido, se ha planteado en la discusión pública si la interpretación y aplicación de la protección judicial derivada de esta sentencia podría, en ciertas ocasiones, ser percibida como un "exceso" que afecte la operatividad de los mecanismos de control fronterizo.