La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, introdujo una significativa modificación en el panorama jurídico español al extender el régimen de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Entre las entidades afectadas por esta normativa se encuentran los partidos políticos y los sindicatos, estableciendo un hito en la forma en que estas organizaciones pueden ser sujetas a imputaciones penales.
Es importante destacar que esta responsabilidad no se aplica a la esencia de sus funciones constitucionales, es decir, cuando estas entidades actúan como cauce para la participación política o en la expresión del pluralismo político. Por el contrario, la normativa precisa que la responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos se materializa exclusivamente en aquellos escenarios en los que operan en el tráfico jurídico de la misma manera que lo haría cualquier otra persona jurídica, apartándose de sus roles inherentes a la vida democrática.