En el presente mes de julio de 2026, se cumple un año desde que el Presidente del Gobierno presentara en el Congreso el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, formalmente aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto de 2025. Este plan ha sido el punto de partida para una serie de iniciativas legislativas destinadas a fortalecer el marco jurídico contra este tipo de delitos.
Uno de los instrumentos clave derivados de este Plan es el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (ALOIP), que fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero de 2026. Este anteproyecto contempla un ambicioso paquete de ochenta y cuatro medidas y propone la modificación de dieciocho leyes, de las cuales seis son de carácter orgánico.
La atención principal se ha centrado en el endurecimiento de las disposiciones del Código Penal, una estrategia que ha demandado una considerable energía política. El ALOIP introduce varias reformas significativas en esta área. En primer lugar, amplía el plazo de prescripción para los delitos contra la Administración Pública (contemplados en los artículos 131 y siguientes del Código Penal) de cinco a siete años. Adicionalmente, se endurece de manera notable el régimen sancionador aplicable a las personas jurídicas, estableciendo multas proporcionales al beneficio ilícito obtenido y penas de inhabilitación que pueden extenderse hasta veinte años, conforme a las reformas de los artículos 33.7.a y f, 50 a 53, y 427 bis del Código Penal. Asimismo, se prevé la adición de subtipos agravados para ciertas conductas.
Transcurridos doce meses desde el inicio de estas acciones, la pregunta central que emerge es si la inversión de recursos en el endurecimiento del Código Penal es, efectivamente, la vía más eficaz para combatir la corrupción y lograr una disminución real de la misma. Esta cuestión subraya la necesidad de evaluar el impacto de las reformas penales en el contexto más amplio de la lucha contra la corrupción.