La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictaminado a favor de una funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, reconociendo su derecho a una indemnización de 20.000 euros. Esta cantidad se concede en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración, a raíz de las lesiones y secuelas que la trabajadora sufrió tras un incidente ocurrido en su puesto de trabajo.
Según la resolución judicial, la funcionaria sufrió una caída al tropezar con unos cables en las dependencias de la Administración donde desempeñaba sus funciones. Este suceso motivó la interposición de un recurso, el cual ha sido estimado parcialmente por el tribunal.
El pronunciamiento subraya la obligación de la Administración de responder por los daños y perjuicios ocasionados a los particulares como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en este caso, en el ámbito de las condiciones de seguridad en el puesto de trabajo para su personal.