Economía sumergida en España: evolución reciente para colectivos vulnerables

Definición

La economía sumergida, también conocida como economía informal o economía oculta, se refiere al conjunto de actividades económicas que, siendo lícitas en sí mismas, se desarrollan al margen de la regulación legal y fiscal establecida por el Estado. Esto implica que no se declaran a las autoridades tributarias, no cotizan a la Seguridad Social y, a menudo, no cumplen con las normativas laborales, sanitarias o de seguridad. Su existencia se manifiesta en transacciones no registradas, empleo no declarado y producción de bienes y servicios que escapan al control estadístico oficial, lo que dificulta su cuantificación precisa, pero se estima que representa un porcentaje significativo del Producto Interior Bruto (PIB) en muchos países, incluida España.

Este fenómeno abarca una amplia gama de actividades, desde la prestación de servicios domésticos o de cuidado sin contrato, trabajos en la construcción o agricultura pagados en efectivo, hasta pequeñas reparaciones o ventas ambulantes. La motivación principal para operar en la economía sumergida suele ser la evasión de impuestos y cotizaciones sociales, la elusión de normativas laborales y la búsqueda de una mayor flexibilidad o inmediatez en los ingresos. Sin embargo, para los colectivos vulnerables, la entrada en este ámbito no es tanto una elección estratégica como una necesidad imperiosa para subsistir ante la falta de oportunidades en el mercado laboral formal.

Contexto histórico y social

La economía sumergida ha sido una constante en la historia económica y social de España, aunque su visibilidad y las causas de su expansión han variado a lo largo del tiempo. Tradicionalmente, ha servido como válvula de escape en periodos de crisis económicas, desempleo estructural o reconversiones industriales, absorbiendo mano de obra que no encontraba acomodo en el sector formal. Sectores como la agricultura, la construcción, el servicio doméstico y el pequeño comercio han sido históricamente propensos a la informalidad, a menudo arraigada en prácticas culturales y redes de confianza.

En las últimas décadas, especialmente tras la crisis financiera de 2008 y, más recientemente, la pandemia de COVID-19, la economía sumergida ha experimentado una evolución particular en relación con los colectivos vulnerables. La precariedad laboral, la dificultad de acceso a un primer empleo para los jóvenes, la creciente llegada de población inmigrante con barreras idiomáticas o administrativas, y la persistencia de la brecha de género en ciertos sectores, han empujado a un número creciente de personas a buscar sustento en la informalidad. Este contexto de vulnerabilidad social y económica ha transformado la economía sumergida de un mero fenómeno de evasión fiscal a un refugio de supervivencia para quienes no tienen alternativas.

Dimensión política e institucional

La existencia de una economía sumergida de gran calado plantea importantes desafíos para la dimensión política e institucional del Estado español. Políticamente, su persistencia erosiona la legitimidad de las instituciones, al percibirse una falta de control y equidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales. El debate sobre cómo abordarla suele polarizarse entre quienes abogan por una mayor flexibilidad del mercado laboral y una reducción de cargas para incentivar la formalización, y quienes defienden un refuerzo de la inspección y la protección social para erradicar la explotación.

Institucionalmente, la lucha contra la economía sumergida recae en diversas administraciones y organismos. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se encarga de la persecución del fraude fiscal, mientras que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) vela por el cumplimiento de la normativa laboral y de cotizaciones. Sin embargo, la efectividad de estas instituciones se ve limitada por la complejidad de detectar actividades informales, la escasez de recursos y la dificultad de actuar en entornos donde la informalidad está profundamente arraigada o donde las víctimas tienen miedo a denunciar por su propia situación irregular. La coordinación entre estos organismos y la voluntad política para dotarlos de los medios necesarios son cruciales para abordar el problema.

Marco legal en España

El marco legal español aborda la economía sumergida desde múltiples perspectivas, aunque no existe una ley específica que la defina o regule en su conjunto, sino un entramado de normas que buscan prevenirla y sancionarla. La Constitución Española, en su artículo 31, establece el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica, principio que se vulnera con el fraude fiscal asociado a la economía sumergida. Asimismo, el artículo 35 reconoce el derecho al trabajo y la libre elección de profesión u oficio, pero también el deber de trabajar, en un contexto de respeto a la legalidad.

La legislación tributaria, principalmente la Ley General Tributaria, establece las obligaciones de declaración y pago de impuestos, sancionando la evasión y el fraude. En el ámbito laboral, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) regulan las relaciones laborales, estableciendo derechos y deberes, y tipificando como infracciones muy graves la contratación de trabajadores sin alta en la Seguridad Social o sin contrato. La Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social también aborda la situación de los trabajadores inmigrantes, cuya irregularidad administrativa a menudo los condena a la informalidad, aunque la normativa laboral española prohíbe la discriminación por origen y exige las mismas condiciones de trabajo para todos, independientemente de su situación administrativa.

Impacto en la ciudadanía

El impacto de la economía sumergida en la ciudadanía es profundo y multifacético, afectando de manera desproporcionada a los colectivos vulnerables. Para estos grupos –migrantes en situación irregular, jóvenes sin experiencia, mujeres en el sector de cuidados, desempleados de larga duración o personas con baja cualificación–, la informalidad se traduce en una ausencia total de derechos laborales: no tienen contrato, salario mínimo garantizado, vacaciones pagadas, protección frente al despido improcedente, ni acceso a prestaciones por desempleo o jubilación. Esta situación los expone a la explotación, salarios ínfimos y condiciones de trabajo insalubres o peligrosas, perpetuando un ciclo de precariedad y exclusión social.

Más allá de la esfera laboral, la economía sumergida agrava la desigualdad social y económica. Al no cotizar a la Seguridad Social, estos trabajadores carecen de acceso pleno a la sanidad pública (más allá de la atención de urgencia), no generan derecho a pensión y ven limitada su capacidad de acceder a vivienda digna o créditos, lo que dificulta su integración social y económica. Para el conjunto de la ciudadanía, la informalidad supone una merma en los ingresos públicos que podrían destinarse a servicios esenciales como la educación, la sanidad o las prestaciones sociales, afectando la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Además, genera una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones, distorsionando el mercado y frenando la creación de empleo formal y de calidad.

Debate actual y relevancia práctica

El debate actual sobre la economía sumergida en España se centra en su persistencia, su impacto en la cohesión social y la búsqueda de estrategias efectivas para reducirla, especialmente en lo que respecta a los colectivos vulnerables. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la extrema fragilidad de quienes dependen de la informalidad, al quedar excluidos de las ayudas y prestaciones diseñadas para proteger el empleo formal, lo que reavivó la discusión sobre posibles procesos de regularización o la implementación de rentas mínimas que actúen como red de seguridad.

La relevancia práctica de este debate radica en la necesidad de abordar la economía sumergida no solo como un problema de fraude, sino como un síntoma de deficiencias estructurales en el mercado laboral y el sistema de protección social. Las propuestas van desde el refuerzo de la Inspección de Trabajo y la digitalización para mejorar el control, hasta políticas activas de empleo que faciliten la transición al sector formal, la formación profesional adaptada a las necesidades del mercado y la simplificación de trámites para pequeñas empresas y autónomos. La clave reside en encontrar un equilibrio entre la represión del fraude y la creación de incentivos y oportunidades para que los colectivos vulnerables puedan acceder a un empleo digno y formal, garantizando así sus derechos y contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa.

Véase también

• Economía sumergida en España: evolución reciente para entidades sociales
• Plazos de ampliación de capital en España
• Derecho de reunión en España: perspectiva jurídica para territorios rurales
• Estado de derecho en España: implicaciones para la ciudadanía para colectivos vulnerables
• Economía sumergida en España: evolución reciente para empresas