Economía sumergida en España: riesgos y oportunidades para personas mayores

Definición

La economía sumergida, también conocida como economía informal o irregular, abarca el conjunto de actividades económicas y transacciones que se desarrollan al margen de la regulación y el control estatal. Esto implica que dichas actividades no están debidamente registradas, no tributan impuestos, no cumplen con la normativa laboral ni de seguridad social, y, por tanto, escapan a la supervisión administrativa y fiscal. En el contexto español, este fenómeno se manifiesta en diversas formas, desde el trabajo no declarado en sectores como el doméstico, la construcción o la hostelería, hasta la venta ambulante sin licencia o la prestación de servicios profesionales sin emitir facturas ni cotizar.

La característica fundamental de la economía sumergida es la ausencia de protección legal y social para quienes participan en ella. Los trabajadores carecen de contratos formales, derechos laborales reconocidos, acceso a prestaciones por desempleo, cobertura sanitaria plena a través del sistema de la Seguridad Social, o la acumulación de derechos para una futura pensión de jubilación. Esta situación genera una vulnerabilidad intrínseca para los individuos, que se ven desprovistos de los mecanismos de defensa y amparo que ofrece el marco legal del Estado de Derecho, exponiéndolos a condiciones laborales precarias y a la explotación.

Contexto histórico y social

La presencia de la economía sumergida en España tiene raíces históricas profundas, ligadas a procesos de desarrollo económico, migraciones internas y externas, y periodos de crisis. Tradicionalmente, ha actuado como un colchón social en momentos de elevada tasa de desempleo o de rigidez en el mercado laboral, permitiendo la subsistencia de colectivos vulnerables. Durante el franquismo y la transición, ciertas prácticas informales eran comunes, a menudo toleradas como una válvula de escape para la economía familiar en un contexto de escasez y control.

En las últimas décadas, la economía sumergida ha evolucionado, adaptándose a los cambios socioeconómicos. Las crisis económicas, como la de 2008 o la derivada de la pandemia de COVID-19, han impulsado a muchos ciudadanos, incluyendo a personas mayores, a buscar ingresos al margen de la formalidad ante la dificultad de acceder a empleos regulados o la insuficiencia de sus ingresos formales (pensiones, prestaciones). Este fenómeno se ha visto acentuado por el envejecimiento de la población y la necesidad, en muchos casos, de complementar pensiones bajas o de apoyar económicamente a familiares en situación de desempleo o precariedad.

Sociológicamente, la economía sumergida se nutre de redes de confianza y solidaridad, a menudo familiares o comunitarias, que facilitan su funcionamiento. Para las personas mayores, estas redes pueden ser cruciales para encontrar "trabajos" informales, ya sea cuidando a nietos, realizando tareas domésticas, reparaciones o pequeñas ventas. Sin embargo, esta dependencia de redes informales también puede perpetuar la invisibilidad y la falta de derechos, consolidando un ciclo de precariedad que afecta tanto a la generación que trabaja informalmente como a las futuras generaciones que dependen de sus ingresos.

Dimensión política e institucional

Desde una perspectiva política e institucional, la economía sumergida representa un desafío persistente para el Estado español. Su existencia merma significativamente la recaudación fiscal y las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que impacta directamente en la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y, crucialmente, el sistema de pensiones. Esto genera un debate político constante sobre la necesidad de combatirla, no solo por razones de justicia fiscal y laboral, sino también para garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

Las distintas administraciones públicas, tanto a nivel central como autonómico, han implementado diversas estrategias para aflorar la economía sumergida. Estas incluyen campañas de inspección laboral y fiscal, programas de regularización de trabajadores, incentivos para la formalización de actividades y medidas de concienciación ciudadana. Instituciones como la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desempeñan un papel fundamental en la detección y sanción de las prácticas irregulares, así como en la promoción del cumplimiento normativo.

Sin embargo, la complejidad del fenómeno y la diversidad de sus causas hacen que su erradicación sea una tarea ardua. Políticamente, existe la tensión entre la necesidad de aplicar medidas coercitivas y la comprensión de que, para muchos, la economía sumergida es una vía de subsistencia. Para las personas mayores, esta dimensión se vuelve más delicada, ya que las políticas deben considerar su vulnerabilidad específica, buscando soluciones que no criminalicen la necesidad, sino que ofrezcan alternativas dignas para su integración en el mercado laboral formal o garanticen ingresos suficientes a través de un sistema de pensiones robusto.

Marco legal en España

En España, aunque no existe una ley específica que defina o regule la "economía sumergida" como tal, su funcionamiento y las actividades que la componen están en clara contravención de múltiples normativas. El marco legal español establece los pilares para la formalidad económica y laboral, y cualquier desviación de estos principios conlleva consecuencias jurídicas. Las principales leyes afectadas incluyen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley General Tributaria.

El Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015) regula las relaciones laborales, estableciendo los derechos y deberes de trabajadores y empleadores, la necesidad de contratos formales, jornadas, salarios mínimos y condiciones de seguridad y salud. El trabajo sumergido ignora estas disposiciones, dejando al trabajador sin protección ante despidos, accidentes laborales o impagos. Por su parte, la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015) obliga a la afiliación, alta y cotización de todos los trabajadores por cuenta ajena y autónoma, garantizando el acceso a prestaciones como la jubilación, incapacidad, desempleo o asistencia sanitaria. La falta de cotización en la economía sumergida priva a los individuos de estos derechos fundamentales.

Finalmente, la Ley General Tributaria (Ley 58/2003) establece el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de impuestos. La economía sumergida implica una evasión fiscal, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otros tributos. Las infracciones a estas normativas pueden acarrear sanciones administrativas severas, multas e incluso responsabilidades penales en los casos más graves de fraude fiscal o laboral. Para las personas mayores, la implicación en estas actividades puede significar la pérdida de derechos acumulados o la imposibilidad de generar nuevos, con un impacto devastador en su calidad de vida futura.

Impacto en la ciudadanía

El impacto de la economía sumergida en la ciudadanía española es multifacético y profundamente negativo, afectando la equidad social, la sostenibilidad de los servicios públicos y la dignidad laboral. Para el conjunto de la sociedad, implica una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones, una merma en la financiación del Estado del Bienestar y un aumento de la desigualdad, ya que los beneficios de la actividad económica no se distribuyen equitativamente.

Para las personas mayores, el impacto es particularmente complejo, presentando tanto riesgos significativos como, paradójicamente, ciertas "oportunidades" que a menudo surgen de la necesidad. Entre los riesgos, destaca la precariedad laboral extrema: ausencia de contrato, salarios por debajo del mínimo, jornadas excesivas, falta de seguridad y salud en el trabajo, y exposición a la explotación sin posibilidad de denuncia legal. La falta de cotizaciones a la Seguridad Social es crítica, ya que afecta directamente a la cuantía de sus futuras pensiones o a la posibilidad de acceder a ellas, así como a la cobertura sanitaria plena. Además, la invisibilidad social y la estigmatización pueden generar aislamiento y una erosión de la autoestima.

No obstante, en un contexto de insuficiencia de pensiones, necesidad de complementar ingresos o de apoyar económicamente a hijos y nietos, la economía sumergida puede percibirse como una oportunidad de subsistencia. Permite a muchas personas mayores mantenerse activas, sentirse útiles y obtener ingresos adicionales que, aunque precarios, son vitales para su economía familiar. A menudo, se trata de trabajos flexibles, de pocas horas, que se adaptan a sus capacidades físicas y a sus horarios, como el cuidado de personas, la realización de tareas domésticas, pequeñas reparaciones o la venta de productos artesanales. Sin embargo, estas "oportunidades" no deben confundirse con condiciones laborales dignas, sino que reflejan una carencia estructural en el sistema que empuja a los mayores a la informalidad.

Debate actual y relevancia práctica

El debate actual en España sobre la economía sumergida, especialmente en relación con las personas mayores, se centra en la búsqueda de soluciones que aborden tanto la necesidad de combatir el fraude como la de proteger a los colectivos vulnerables. La relevancia práctica de este fenómeno es innegable, ya que afecta directamente la cohesión social, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la calidad de vida de una parte creciente de la población.

Uno de los principales ejes del debate es cómo conciliar la lucha contra el fraude fiscal y laboral con la realidad de que, para muchos mayores, la economía sumergida es una vía de supervivencia. Se discuten medidas que permitan aflorar estas actividades, ofreciendo incentivos para la formalización, simplificando trámites o creando figuras laborales adaptadas a las necesidades de los mayores que desean seguir trabajando de forma parcial o flexible, pero con plenos derechos y cotizaciones. La digitalización y la aparición de plataformas de economía colaborativa también plantean nuevos desafíos, difuminando las líneas entre el empleo formal e informal y exigiendo una adaptación de la normativa.

La relevancia práctica se manifiesta en la necesidad urgente de garantizar pensiones dignas que eviten la dependencia de la economía sumergida, así como de fomentar políticas de envejecimiento activo que incluyan oportunidades laborales formales y flexibles para quienes deseen y puedan seguir contribuyendo. Abordar la economía sumergida en este colectivo implica no solo una cuestión de control, sino también de justicia social y de diseño de un sistema de protección social que responda eficazmente a las necesidades de una sociedad envejecida, asegurando que ninguna persona mayor se vea obligada a trabajar en la sombra para subsistir.

Véase también

• Derecho de reunión en España
• Derechos ante la administración en España: criterios de aplicación para jóvenes
• Estado de derecho: impacto en ciudadanos y empresas en España
• Economía sumergida en España: riesgos y oportunidades para territorios rurales
• Cuestión de inconstitucionalidad en España