Economía sumergida en España: situación en España para personas mayores

Definición

La economía sumergida, también conocida como economía informal o sumergida, se refiere al conjunto de actividades económicas que, aun siendo productivas y lícitas en su naturaleza, se desarrollan al margen del control y la regulación de las administraciones públicas. Esto implica la omisión deliberada de su registro a efectos fiscales, laborales o de seguridad social, con el objetivo de evadir impuestos, cotizaciones sociales o el cumplimiento de normativas laborales. En el contexto español, este fenómeno representa una parte significativa de la actividad económica, generando un circuito paralelo que impacta en la recaudación pública y en la equidad del sistema.

Es crucial distinguir la economía sumergida del fraude fiscal, aunque ambos conceptos están interrelacionados. Mientras que el fraude fiscal alude al incumplimiento deliberado de las obligaciones tributarias sobre actividades económicas ya declaradas o conocidas, la economía sumergida implica la ocultación de la actividad económica en sí misma. Esta ocultación puede manifestarse en el trabajo no declarado, la venta de bienes o servicios sin factura, o la operación de negocios sin las licencias o permisos correspondientes, configurando un desafío estructural para la gobernanza económica y social del país.

Contexto histórico y social

La economía sumergida en España posee un carácter estructural y persistente, cuyas raíces se hunden en diversas coyunturas históricas y factores socioeconómicos. Tradicionalmente, ha servido como válvula de escape en periodos de alta tasa de desempleo o de rigidez en el mercado laboral, permitiendo a ciertos colectivos generar ingresos ante la falta de oportunidades en el sector formal. Su presencia se ha visto acentuada en momentos de crisis económicas, como la de 2008 o la derivada de la pandemia de COVID-19, donde la necesidad de subsistencia impulsó a muchos individuos a buscar alternativas fuera de la legalidad formal.

Desde una perspectiva sociológica, la economía informal no solo responde a factores puramente económicos, sino también a dinámicas culturales y familiares arraigadas. En muchas ocasiones, ha funcionado como un mecanismo de supervivencia y apoyo mutuo, especialmente en entornos familiares y comunitarios, donde el trabajo no declarado se integra en la economía doméstica para complementar ingresos o para el cuidado de personas dependientes. Este entramado social, a menudo invisible para las estadísticas oficiales, es particularmente relevante para las personas mayores, quienes pueden verse empujadas a la informalidad por la insuficiencia de sus pensiones o la necesidad de mantener un nivel de vida digno.

Dimensión política e institucional

La economía sumergida representa un desafío de primer orden para la política pública y la estabilidad institucional en España. Desde el ámbito político, su existencia distorsiona la competencia leal entre empresas, erosiona la base de financiación del Estado del Bienestar y fomenta la desigualdad social. Los partidos políticos y los agentes sociales debaten constantemente sobre las estrategias más efectivas para combatirla, buscando un equilibrio entre la represión y la incentivación a la formalización, conscientes de que medidas demasiado restrictivas pueden tener un impacto negativo en la subsistencia de los colectivos más vulnerables.

Institucionalmente, la lucha contra la economía sumergida involucra a diversas administraciones y organismos. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son actores clave en la detección y sanción de estas actividades. Sin embargo, la complejidad del fenómeno requiere también de políticas preventivas y de fomento de la formalización, que incluyen campañas de concienciación, simplificación de trámites administrativos y el diseño de incentivos para la declaración de actividades. La efectividad de estas políticas depende en gran medida de la coordinación interinstitucional y de la capacidad para adaptar las respuestas a las particularidades de cada sector y colectivo, incluyendo las personas mayores.

Marco legal en España

El ordenamiento jurídico español aborda la economía sumergida desde múltiples perspectivas, principalmente a través del derecho tributario, laboral y de la Seguridad Social. La Ley General Tributaria (Ley 58/2003) establece las obligaciones de los contribuyentes y las facultades de la administración para la inspección y recaudación, tipificando diversas infracciones y sanciones por la ocultación de rentas o actividades. En el ámbito laboral, el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015) y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000) regulan las relaciones laborales, persiguiendo el empleo no declarado y las condiciones de trabajo irregulares, que constituyen una de las manifestaciones más comunes de la economía sumergida.

Desde la perspectiva de la Seguridad Social, la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015) y sus reglamentos de desarrollo son fundamentales para garantizar la cotización y el acceso a las prestaciones sociales, como las pensiones, el desempleo o la asistencia sanitaria. La falta de cotización en la economía sumergida priva a los trabajadores de estos derechos y genera un déficit en la financiación del sistema público. Las sanciones por incumplimiento pueden ser significativas, tanto para los empleadores como para los trabajadores, abarcando desde multas económicas hasta la pérdida de prestaciones o la imposibilidad de acceder a ellas en el futuro, lo que tiene consecuencias directas y graves para las personas mayores que dependen de un sistema de protección social robusto.

Impacto en la ciudadanía

La economía sumergida tiene un impacto heterogéneo y a menudo pernicioso en la ciudadanía, siendo las personas mayores un colectivo particularmente vulnerable. Para muchos individuos de edad avanzada, la participación en actividades informales no es una opción, sino una necesidad imperiosa para complementar pensiones insuficientes o para hacer frente a gastos imprevistos, especialmente en un contexto de aumento del coste de vida. Esta situación les expone a la precariedad laboral, a la ausencia de derechos como vacaciones o indemnizaciones, y a la desprotección ante accidentes o enfermedades laborales, al carecer de cobertura por parte de la Seguridad Social.

Además, la participación en la economía sumergida por parte de personas mayores contribuye a la desigualdad y a la fragmentación social. Aquellos que se ven obligados a recurrir a ella carecen de la red de seguridad que ofrece el empleo formal, lo que puede agravar su situación de vulnerabilidad económica y social. A nivel colectivo, la evasión de cotizaciones por el trabajo informal de personas mayores o de cualquier otro colectivo debilita la sostenibilidad del sistema público de pensiones, afectando indirectamente a todos los jubilados y a las futuras generaciones. Este fenómeno también perpetúa estereotipos sobre la capacidad productiva de los mayores, relegándolos a menudo a trabajos de baja cualificación y remuneración, sin reconocimiento ni perspectivas de mejora.

Debate actual y relevancia práctica

El debate actual en España sobre la economía sumergida, especialmente en lo que respecta a las personas mayores, se centra en la búsqueda de soluciones que aborden tanto la necesidad de subsistencia como la equidad del sistema. La relevancia práctica de este fenómeno es innegable, dado el envejecimiento demográfico de la población española y la creciente presión sobre el sistema de pensiones. Se discute cómo facilitar la formalización de actividades para este colectivo, sin criminalizar la necesidad, y cómo garantizar que todos los ciudadanos contribuyan proporcionalmente al sostenimiento de los servicios públicos.

Las propuestas van desde la flexibilización de las normativas para el autoempleo de los jubilados, permitiendo compatibilizar la pensión con ingresos declarados, hasta el refuerzo de las campañas de sensibilización sobre los riesgos de la informalidad. También se plantea la necesidad de mejorar la calidad de las pensiones y de implementar políticas activas de empleo que favorezcan la inserción laboral formal de las personas mayores que desean o necesitan seguir trabajando. La clave reside en diseñar un marco que permita a las personas mayores mantener su autonomía económica y su dignidad, al tiempo que se fortalece la cohesión social y la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

Véase también

• Economía sumergida en España: situación en España para trabajadores
• Regulación de procurador en el derecho español
• Derechos ante la administración en España: debate público para jóvenes
• Financiación pública en España
• Economía sumergida en España: situación en España para territorios rurales