Economía sumergida en España: marco actual para personas mayores

Definición

La economía sumergida, también conocida como economía informal o en negro, se refiere al conjunto de actividades económicas que, siendo productivas y lícitas en su naturaleza, se desarrollan al margen de la regulación legal y fiscal establecida por el Estado. Esto implica la ausencia de declaración de ingresos, el impago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y el incumplimiento de normativas laborales, sanitarias o de seguridad. Su existencia priva a las arcas públicas de recursos esenciales y genera una competencia desleal para las empresas que operan dentro de la legalidad.

Para el colectivo de personas mayores en España, la economía sumergida adquiere matices particulares. No solo abarca el trabajo no declarado que puedan realizar para complementar sus pensiones o ingresos, sino también la provisión de servicios informales a terceros, a menudo en el ámbito del cuidado, la ayuda doméstica o pequeñas reparaciones. Este fenómeno se distingue de la economía doméstica o el voluntariado por la existencia de una contraprestación económica, aunque esta no se declare ni tribute.

Contexto histórico y social

La economía sumergida ha sido una constante en la historia económica española, acentuándose en periodos de crisis o de rigidez en el mercado laboral. Tradicionalmente, ha servido como válvula de escape para colectivos con dificultades de inserción formal o para aquellos que buscan complementar ingresos insuficientes. En el caso de las personas mayores, su participación en este sector ha evolucionado con los cambios demográficos y socioeconómicos del país.

En las últimas décadas, el envejecimiento de la población española y la prolongación de la esperanza de vida han generado nuevas dinámicas. Muchas personas mayores, a pesar de estar jubiladas, mantienen capacidades y deseos de actividad laboral. Sin embargo, las barreras del mercado de trabajo formal, la necesidad de complementar pensiones bajas o la simple búsqueda de una actividad que les mantenga activos, pueden empujarles hacia el ámbito informal. Además, la creciente demanda de servicios de cuidado y asistencia para otros mayores o niños, a menudo cubierta por redes informales, se convierte en una vía para que este colectivo ofrezca sus servicios de manera no declarada.

Dimensión política e institucional

La lucha contra la economía sumergida es una prioridad política y un desafío constante para las instituciones públicas en España. Desde el Gobierno central hasta las comunidades autónomas y ayuntamientos, se diseñan estrategias para aflorar estas actividades, dada su repercusión negativa en la recaudación fiscal, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la equidad social. La existencia de una parte significativa de la economía operando al margen dificulta la planificación económica y social, distorsiona las estadísticas de empleo y productividad, y merma la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales.

Las instituciones como la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son los principales actores en la detección y persecución de estas prácticas. Sin embargo, la complejidad de abordar la economía sumergida en el colectivo de personas mayores radica en su naturaleza a menudo discreta y en la percepción social de que ciertas actividades informales, especialmente las relacionadas con el cuidado o la ayuda entre vecinos, son menos perjudiciales o incluso socialmente aceptables. Esto plantea un dileate entre la necesidad de control y la comprensión de las motivaciones socioeconómicas que subyacen a estas actividades en este grupo demográfico.

Marco legal en España

El marco legal español no define explícitamente la "economía sumergida" como un delito per se, sino que persigue las conductas individuales que la conforman. Estas conductas pueden encuadrarse en diversas figuras delictivas o infracciones administrativas. Desde el punto de vista fiscal, la no declaración de ingresos puede constituir un delito fiscal si las cantidades defraudadas superan ciertos umbrales (actualmente 120.000 euros por ejercicio fiscal), o una infracción tributaria grave o muy grave si no alcanzan dicho límite. La Ley General Tributaria establece las sanciones correspondientes por incumplimiento de las obligaciones fiscales.

En el ámbito laboral y de Seguridad Social, la contratación de personas sin alta en la Seguridad Social o el pago de salarios "en negro" son infracciones muy graves según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Estas infracciones conllevan multas significativas tanto para el empleador como, en menor medida, para el trabajador que no cumple con sus obligaciones de cotización. Para las personas mayores que realizan actividades informales, la principal implicación legal reside en la potencial pérdida de derechos sociales futuros, como prestaciones por desempleo o incapacidad, al no haber cotizado, y la exposición a sanciones fiscales si sus ingresos no declarados son detectados.

Impacto en la ciudadanía

La economía sumergida tiene un impacto multifacético en la ciudadanía española, y de manera particular en las personas mayores. Para quienes participan en ella, ofrece una vía para complementar ingresos, a menudo esenciales para mantener su calidad de vida o hacer frente a gastos imprevistos, especialmente si sus pensiones son bajas. Sin embargo, esta participación les priva de derechos laborales y de protección social, dejándolos en una situación de vulnerabilidad ante accidentes, enfermedades o abusos, sin acceso a prestaciones por desempleo, jubilación complementaria o cobertura por incapacidad derivada de esa actividad.

A nivel colectivo, la economía sumergida genera desigualdad y erosiona el principio de solidaridad intergeneracional. Las personas mayores que trabajan en la informalidad no contribuyen al sostenimiento del sistema público de pensiones ni a la financiación de servicios sanitarios y sociales de los que ellos mismos son usuarios. Esto carga el peso sobre los contribuyentes formales y sobre las generaciones más jóvenes. Además, la competencia desleal afecta a las empresas y profesionales que operan legalmente, pudiendo llevar al cierre de negocios y a la precarización del empleo formal, lo que indirectamente también impacta en el bienestar de las familias con personas mayores a cargo.

Debate actual y relevancia práctica

El debate actual sobre la economía sumergida en España, con un enfoque específico en las personas mayores, se centra en la búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de control fiscal y laboral y la comprensión de las realidades socioeconómicas que empujan a este colectivo a la informalidad. Se discute sobre la suficiencia de las pensiones, la dificultad de reincorporación al mercado laboral formal para los mayores y la creciente demanda de servicios de cuidado que a menudo se cubren de forma no declarada. La relevancia práctica de este debate radica en la búsqueda de políticas públicas que aborden tanto las causas estructurales como las consecuencias individuales de este fenómeno.

Se plantean soluciones que van desde la mejora de las condiciones de las pensiones y la flexibilización de la compatibilidad entre pensión y trabajo (jubilación activa), hasta la creación de marcos legales más sencillos para la declaración de pequeños servicios o la promoción de la economía social y el voluntariado. La digitalización y la trazabilidad de los pagos también se ven como herramientas para aflorar parte de estas actividades. La cuestión es cómo integrar a estas personas en el sistema sin penalizar su necesidad de actividad o ingresos, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad de los servicios públicos y la equidad entre ciudadanos.

Véase también

• Economía sumergida en España: marco actual para responsables públicos
• Plazos de franquicia en España
• Derecho de reunión en España: riesgos y oportunidades para colectivos vulnerables
• Estado de derecho en España: perspectiva social para familias
• Economía sumergida en España: marco actual para profesionales